Narcocriminalidad son las conductas vinculadas con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos. Los tucumanos deberían ir acostumbrándose a la definición de esta palabra que se puso de moda en casi todo el país, pero especialmente, en Rosario. Cada vez son más los indicios de que el tráfico y la comercialización de drogas está generando, como si se tratara de una enorme usina, distintos tipos de delitos. Este fenómeno quedó al descubierto con diferentes episodios que se registraron en una semana. También dejó un interrogante: ¿la provincia está preparada para combatirla? Todo parece indicar que por el momento no, pero nunca es tarde para hacerlo.
En agosto de 2019 hubo un crimen que espantó a todo el país. Benjamín Amaya, de tan solo cuatro años, fue encontrado sin vida colgando de un puente de El Colmenar. Ese espantoso cuadro es muy similar al método que utilizan los cárteles mexicanos: matan a personas y las cuelgan en los puentes de las autopistas para que todos vean lo que les pasa a los traidores, delatores o ladrones que se atreven a desafiar su poder.
El homicidio del niño quedó impune. Un tribunal, en un segundo juicio (el primero fue anulado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia), absolvió al hombre que había sido condenado por el caso. La posibilidad de que haya sido un mensaje de un transa es una de las hipótesis que ahora deberá investigarse.
“Uno puede sospechar que de la manera en que fue asesinado el pequeño podría tratarse de un mensaje mafioso. De alguien que dice que hago esto porque aquí mando yo”, explicó Florencia Medina Pachao, defensora del absuelto Claudio Argañaraz. La profesional dijo que su asistido era el acusado perfecto: los profesionales que la atendieron sostuvieron que tiene la capacidad mental de un niño de siete años que es incapaz de planificar un crimen de estas característica; quedó implicado por la declaración de una testigo de identidad reservada que contradijo a los dichos de familia del pequeño; fue mal defendido por el abogado que lo asistió en todo el proceso (en una insólita medida dictada por el máximo tribunal de la provincia lo separó del expediente por su mal desempeño) y habitaba en un lugar donde las necesidades marcan la agenda diaria. ¿Quién se acordaría de él? ¿Quién reclamaría por su inocencia? Nadie.
Crímenes
“La droga mata” es una de las frases más utilizadas en las campañas contra las adicciones que se realizan en todo el mundo. Pero en Tucumán es una realidad. En lo que va del año, en nuestra provincia se registraron 20 homicidios, un 10% menos que el primer trimestre de 2022 y la cifra más baja de los últimos tres años. Los crímenes por cuestiones de droga (pelea entre adictos por una dosis, conflictos entre compradores y vendedores y víctimas de las peleas por el dominio territorial) con siete casos, son el principal móvil de estas muertes.
En segundo lugar, se ubican, con seis hechos, la violencia intravecinal. Según confirmaron fuentes judiciales, en al menos el 70% de los casos aparece el consumo problemático de sustancias. Hay más. Se contabilizaron tres muertes en situación de robo, no sólo la cifra más baja en siete años, sino la primera vez, en ese lapso de tiempo, que una persona no muere cuando es asaltada. Sin embargo, dos de esos casos se iniciaron porque las víctimas, perdidas por las adicciones, cometieron un delito contra la propiedad y los damnificados salieron a buscarlos para exigirles que les devuelvan los bienes que les habían sustraído. Son casos de la mal llamada “justicia por mano propia”.
Casos sin resolver
Días atrás se cumplieron dos años del doble crimen de La Invernada. Víctor Brito (58 años) y su hijo Gonzalo (18) fueron torturados y asesinados en el sur de la provincia. En marzo del año pasado fueron ultimados en Santa Lucía Luis “Chano” de la Vega (52) y su hijo Walter Facundo (25). Ambos casos tienen cinco puntos comunes:
1- Todas las líneas investigativas conducen a un mismo camino: los dos dobles crímenes estarían vinculados al tráfico de drogas.
2- Los dos casos siguen impunes.
3- Los homicidios habrían sido cometidos por sicarios que prácticamente no dejaron ni una huella para que pudieran ser identificados.
4- Los pesquisas comenzaron a observar a Rosario, ya que no descartan que los asesinados hayan tenido algún tipo de contacto como proveedores de sustancias a las organizaciones que operan en esa ciudad.
5- Por los casos que se registraron en los últimos tiempos en diferentes provincias, no descartan que sicarios rosarinos, especialistas en matar, hayan sido los autores de los cuatro crímenes.
Vínculos
La semana pasada, tres ex policías fueron condenados por un robo. Pero no fue un asalto más. Vestidos con el uniforme de la fuerza y utilizando armas reglamentarias, atacaron la casa de un supuesto transa de Famaillá. Dos de los tres imputados reconocieron que iban a buscar dinero o droga de la casa de la víctima. Uno de ellos dijo que no podía hablar más porque su familia estaba siendo amenazada. En realidad, estos efectivos estarían vinculados a una organización que se habría dedicado al secuestro extorsivo y al robo de sustancias para luego comercializar. Eso no es todo.
En el juicio surgieron indicios de que al menos uno de los condenados estaba relacionado con Miguel Figueroa, sospechado de ser narco y detenido en el penal de Villa Urquiza por estar acusado de tres homicidios. La teoría de los investigadores es que “Miguelón” le habría proporcionado datos a la banda para que cometiera los ilícitos a cambio de protección. Cuentan en Monteros que se vivieron días de tensión por este debate. ¿La razón? Había temor de que los tres condenados delataran a sus compañeros. Pero también había preocupación de que las supuestas actividades ilícitas de la víctima, podrían complicar al poder político de la ciudad de la empanada.
Por esa razón, las amenazas estuvieron al orden del día y no sólo contra los imputados. Lo llamativo es que el tribunal que condenó a los acusados no haya advertido de esta situación para que se iniciaran investigaciones de todo lo que surgió en el debate. Era el mejor camino que se podía tomar para neutralizar el accionar de otros delincuentes disfrazados de policías.
Cuentan en tribunales que hay fiscales que están detrás de los pasos de al menos dos bandas integradas por policías que estarían cometiendo este tipo de ilícito. Investigar este tipo de actividades es muy difícil por una sola razón: para evitar ser descubiertos, son muy pocos los narcos que denuncian los delitos de los que son víctimas. Prefieren ellos encargarse de solucionar estos problemas. Son tantos los casos que no se descarta que esta situación genere una escalada de violencia en las calles de la provincia.
En medio de este duro panorama, surgió otro caso: por segunda vez en este trimestre, detenidas denunciaron que uniformados las obligan a vender drogas a los reos que están alojados en la seccional 1ª. ¿Puede ser que eso ocurra? Sí. Por la falta de espacio, los procesados y condenados son alojados en las dependencias policiales y no trasladados a las tres cárceles de la provincia. La Justicia ya condenó a dos empleados del servicio penitenciario por comercialización de drogas y avanza en una investigación en la que aparecen ex autoridades, guardiacárceles en actividad y hasta un ex juez de Ejecución. Todo esto es narcocriminalidad. Una palabra que las autoridades deberán aprenderse de memoria para pensar cómo la combatirán porque, paulatinamente va creciendo y formando parte de la vida de los tucumanos.